De acuerdo con datos proporcionados por ARBA, el 40% de los contribuyentes en estos rubros no ofrece a los clientes la opción de pagar con tarjeta, por lo cual se incumplen las normas vigentes que indican que los contribuyentes que vendan o presten servicios a consumidores finales en forma habitual, deben aceptar como forma de pago las tarjetas de débito o medios equivalentes. Para ello, tienen que contar con terminales electrónicas de punto de venta (POS, MPOS, PIN PAD, otros métodos o dispositivos). La obligación rige para todas las operaciones a partir de los $100.

Gastón Fossati, director de la Agencia de Recaudación, explicó que “en función de lo que determina la Ley Impositiva 2019, los establecimientos que no cuenten con dispositivos que permitan a los clientes pagar de forma electrónica podrán ser sancionados con multas o clausuras, que serán decididas a través de la justicia”.

Además, dijo que “estas fiscalizaciones contribuyen a fortalecer la economía formal, reducir la evasión y cuidar a los consumidores, garantizando que tengan la posibilidad de optar por el medio de pago de su conveniencia”.

Los controles, que agentes de ARBA llevan adelante en conjunto con sus pares de AFIP, se extenderán hasta mediados de febrero y abarcarán diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, en especial de la costa atlántica y otros puntos turísticos.

“El foco principal de las acciones está puesto en los lugares de veraneo, dado que en estos meses reciben muchos visitantes y hay un incremento del consumo”, aseguró Fossati.

En ese sentido, afirmó que “los controles son muy importantes porque favorecen la aceptación de tarjetas, garantizando una mayor comodidad y seguridad a todas las familias que están de vacaciones. A la vez, los pagos electrónicos dejan registro de las ventas y, por eso, aportan mayor equidad tributaria”.

A su vez, ARBA puso en marcha otra serie de fiscalizaciones para combatir la evasión en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y detectar a quienes ejercen actividad sin estar inscriptos.

Estas inspecciones abarcan a ferias informales y ciertas actividades de transporte, como el servicio de taxis lancha y la organización de paseos recreativos. También a las guarderías náuticas, alojamientos turísticos, tanto urbanos como rurales, corredores gastronómicos, cervecerías, bares y otros locales dedicados al comercio y los servicios.

Fossati destacó que “se trata de acciones especiales de fiscalización que apuntan a sectores en los que existen indicios de incumplimiento. Son controles planificados a partir de cruces de datos y relevamientos previos, con tecnología que nos permite detectar inconsistencias de manera más eficiente”.

También se realizarán operativos habituales, como la verificación del transporte de mercadería, la emisión de ticket o factura, la detección de construcciones no declaradas, comprobación de la inscripción tributaria de embarcaciones, notificaciones de deuda y demás. Los controles fiscales alcanzarán a más de 15.000 contribuyentes en todo Buenos Aires.

Respecto de las características de las fiscalizaciones, Fossati resaltó que “al comienzo de nuestra gestión modificamos la modalidad de los operativos en ARBA. Dejamos atrás los procedimientos masivos, que exigían el desplazamiento de cientos de inspectores, y los reemplazamos por controles más eficientes, precisos, con menor despliegue de personal. Ese cambio nos permitió optimizar recursos y alcanzar mejores resultados”.

Las acciones abarcarán a San Fernando, Pilar, San Isidro, Vicente López, Olivos, Tigre e Islas del Delta, Escobar, Lomas de Zamora, Brandsen, Ensenada, Berisso, Quilmes, Tandil, Olavarría, Las Flores, Laprida, General La Madrid, Tornquist, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Junín, Pergamino, Salto, San Pedro, General Pueyrredón, Dolores, Monte, General Belgrano, Mercedes, San Antonio de Areco, Luján, Carlos Casares, Guaminí, Pehuajó, Trenque Lauquen y Saliquelló, entre otras localidades.

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